Inicio>     Administraciones Públicas                                                              Compartir                
 

Las relaciones con las Administraciones Públicas (AAPP)

La Constitución confiere a los poderes públicos potestad para planificar y controlar la actividad económica de empresas y corporaciones y para sancionar conductas incumplidoras de la legalidad. Esto en la práctica se traduce en la necesidad de obtener permisos, licencias y autorizaciones, de efectuar declaraciones o comunicaciones, o de atender requerimientos informativos, investigadores y sancionadores.
 

Autorizaciones, comunicaciones, registros especiales, carnés y certificados

Dependiendo de la naturaleza y actividad de su empresa o entidad así serán necesarias unas u otras autorizaciones, tales como las de apertura, instalación, obras y construcción; o la inscripción en registros especiales tales como empresas cinematográficas, de seguridad, almacenes de productos químicos, agencias de valores, fondos de inversión, telecomunicaciones, etc... O la obtención de carnés o certificados tales como manipulación de alimentos, instalación de gas, etc... O la comunicación de inversiones extranjeras o de tenencia y movimientos de medios de pago en efectivo.
 

Contratos con las Administraciones Públicas

Empresas y particulares pueden contratar con las AAPP y para ello deben cumplir una serie de requisitos de clasificación y licitación. En la dinámica contractual administrativa surgen conflictos de interpretación y cumplimiento que pueden tener sus consecuencias, tales como la suspensión o resolución del contrato que, de ser ilegal, debe impugnarse administrativa y judicialmente.
 

Derecho administrativo impugnador, inspector y sancionador

Las solicitudes administrativas pudieran ser denegadas injustamente lo que entraña la correspondiente impugnación. El incumplimiento de las obligaciones administrativas puede conllevar la apertura de expedientes investigadores y sancionadores, que deben ser debidamente atendidos y recurridos en la fase administrativa y, llegado el caso, ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
 

¿Cómo prestamos nuestros servicios?

Las tecnologías de videoconferencia y acceso remoto a ficheros y sistemas informáticos facilitan mucho el proceso de reuniones, intercambio y estudio de documentación administrativa, lo que nos permite atender clientes en cualquier lugar de España o del mundo. La administración electrónica nos permite presentar escritos y documentación ante cualquier administración pública española o europea.

ASESORÍA LEGAL

Tras un primer contacto y presupuesto de nuestros servicios, mantenemos una serie de reuniones presenciales o por videoconferencia a fin de analizar su necesidad de solicitud o impugnación de la desestimación administrativa, su inspección o su expediente sancionador. Y preparamos y compartimos en la nube la documentación necesaria que tramitamos en los registros electrónicos competentes.

También ayudamos a las empresas a clasificarse, licitar y cumplir los requisitos para ser adjudicatarios de contratos administrativos, y les asesoramos en la dinámica del contrato, su cumplimiento, conflicto y resolución. Conozca nuestra sección obligaciones y contratos.

DEFENSA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA

Defendemos los intereses del cliente en caso de denegación de solicitud, inspección o apertura de expediente sancionador, recurriendo las resoluciones injustas e ilegales tanto en fase administrativa como ante los Juzgados, Tribunales y Arbitraje competentes.

HONORARIOS

Los honorarios se presupuestan en función de los profesionales intervinientes, el tiempo de dedicación al servicio y el valor añadido que éste aporta al cliente, teniendo en cuenta su tamaño y complejidad.